Somos Pueblo | El senador Antonio Taveras Guzmán sometió ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25, con el objetivo de eliminar las penas de prisión en los delitos de difamación e injuria, derogar la figura del ultraje a funcionarios públicos y proteger a los medios de comunicación contra sanciones desproporcionadas.
El legislador explicó que la iniciativa busca adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, garantizando un equilibrio que evite que disposiciones penales ambiguas limiten el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, opinión, crítica e información en la República Dominicana.
Modificaciones clave a la normativa penal:
Difamación (Artículo 208): La propuesta establece que solo se sancionará la imputación pública de hechos falsos que afecten la reputación. Elimina por completo las penas de cárcel, sustituyéndolas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la respectiva reparación civil.
Difamación extorsiva (Artículo 209): Plantea convertirla en una modalidad de difamación agravada. Sugiere reducir la penalidad actual (que es de cinco a diez años) a una sanción de quince días a un año de prisión menor, aplicable cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos.
Injuria (Artículo 210): Se reserva la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas. Al igual que con la difamación, se eliminan las penas de prisión, fijando solo multas de tres a ocho salarios mínimos y reparación civil.
Protección a los medios (Artículo 212): La adecuación plantea de forma explícita que ninguna infracción contra el honor o la vida privada podrá dar lugar al cierre de medios de comunicación, suspensión de actividades, revocación de licencias o incautación de equipos.
Derogación del ultraje a funcionarios
Asimismo, Taveras Guzmán propuso la eliminación total del artículo 310, el cual sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos. El senador argumentó que dicha figura otorga un privilegio penal injustificado a las autoridades frente a los ciudadanos, limita el escrutinio público sobre la gestión estatal y vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Con este proyecto de reforma, el legislador busca modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales y fortalecimiento democrático.
