El mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre se convirtió este lunes en el militar activo de más alto rango en la historia reciente en ser enviado a una cárcel por presuntos actos de corrupción, tras ser dictada una prisión preventiva de 18 meses a los implicados en el caso Coral.
El otro caso, en el que un militar de tan alto rango haya recibido alguna medida de prisión, fue el del exsecretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, sentenciado a 20 años de cárcel en 1991 (hace 30 años) por corrupción.
Cuervo Gómez había sido puesto en retiro por Salvador Jorge Blanco (presidente de la República en ese entonces) en 1986 con el rango de mayor general, por lo que al momento del juicio tenía el mismo rango que tiene hoy Cáceres Silvestre, pero estaba en retiro.
Pese a su cargo de mayor general activo, Cáceres Silvestre fue enviado a la cárcel de Najayo Hombre.
Otro caso de un alto rango militar que ha estado en la justicia es el del mayor general retirado y exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, por el caso de los aviones Súper Tucano. En agosto de 2016, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó impedimento de salida y presentación periódica a Peña Antonio.
El mayor general Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno de Danilo Medina y es jefe de seguridad del expresidente.
Además de Cáceres, los demás enviados a prisión son la pastora Rossy Guzmán, Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Los cuatro hombres deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo Hombre y Rossy Guzmán en Najayo Mujeres.
Contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, otro de los implicados pero que fungió como testigo principal, en colaboración con el Ministerio Público, se dictó prisión domiciliaria (domicilio confidencial).
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
FUENTE: DIARIO LIBRE
