El Centro Juan XXIII rechazó de manera categórica que tanto el ministro de la Presidencia como el presidente Danilo Medina “se hayan colocado por encima de la ley”, otorgando prórrogas a los funcionarios que al vencerse el plazo de 30 días, no han  hecho su declaración jurada de bines como indica la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio.

La organización que persigue transformar la conciencia política de la sociedad, dijo que el gobierno dominicano ha dado muestras sobradas de su firme posición de no negociar prórrogas sin consecuencias en cuestiones que afectan su interés recaudatorio, como es el caso del pago de ITBIS, aportes a la Tesorería de la Seguridad Social y el pago del impuesto de circulación a los vehículos de motor (placa)

“Entendemos que esa misma firmeza debería de ser mostrada ante los servidores públicos que tienen en sus manos la administración de los recursos del Estado y del Pueblo”, señaló la organización.

“Reclamamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal apegar todas sus acciones al mandato de la Ley, evitando la manipulación de las normas constitucionales y jurídicas para satisfacer ambiciones particulares”, declaró el Centro Juan XXII en una nota de prensa.

Según la entidad, otorgar un “chance” es un paso hacia atrás y una falta grave del Presidente, ya que considera que una de las principales razones por las que la lucha contra la corrupción en el país es tan poco efectiva es precisamente por la falta de un verdadero régimen de consecuencias para aquellos que incumplen las leyes y normativas vigentes.

“La Ley 311-14 establece en su artículo 14 que el funcionario que no presente su declaración jurada dentro del plazo establecido (30 días) cometerá una falta grave o de tercer grado, según lo define la ley 41-08 de Función Pública, por lo que la sanción correspondiente a las faltas de tercer grado –citando la misma Ley– es la destitución inmediata del funcionario”, añadió la organización.

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