“Ojalá que yo viviera en un Estado donde los ciudadanos temieran menos las leyes que la vergüenza”.

— Cleóbulo

Había una vez un país cuyas autoridades se llenaban la boca afirmando que era un “Estado de Derecho”, donde la Constitución y las leyes garantizaban la vigencia y disfrute pleno de los derechos fundamentales. Un mal día llegó -a dicho país- una enfermedad viral que, convertida en pandemia, obligó al mundo a detenerse, a confinar sus ciudadanos y a detener sus actividades cotidianas de toda índole.

En ese mismo lugar, el de nuestra historia de ficción, el Jefe del Estado solicitó -al Congreso Nacional- declarar que se encontraban -por la pandemia- en un estado de excepción, y ello supuestamente para facilitar las compras por el Estado de los insumos y materiales médicos necesarios para luchar contra la referida amenaza sanitaria, así como para imponer medidas de distanciamiento social tendentes a impedir el contagio. El Poder Ejecutivo solicitó y obtuvo al menos 3 prórrogas del período de excepción, durante las cuales fueron restringidos los derechos fundamentales de libertad de tránsito, de asociación y reunión, todo ello para evitar aglomeración de personas e intentar lograr los fines ya enumerados.

En la nación del relato, olvidó el Congreso Nacional -al aprobar el estado de excepción- establecer sanciones penales para las personas que violasen las órdenes del ejecutivo que limitaban los precitados derechos fundamentales, por lo que -como consecuencia del principio de estricta legalidad penal- no es posible penalizar a quienes irrespeten las medidas dispuestas por el Jefe del Estado. En ese contexto, cada día, cientos de impresentables y sociópatas violaban el toque de queda y otras medidas del ejecutivo. Muchos de ellos fueron objeto de imposición de multas severas y degradantes “servicios comunitarios”, como prerrequisito para liberarlos de una prisión que la Ley no prevé: una vergonzosa extorsión.

Autoridades del fallido Estado del relato, que tenían como lema actuar “como manda la ley”, celebraban en publicaciones a través de la prensa -y de las redes sociales- recaudaciones por decenas de millones de pesos, cobrados por concepto de “multas” a violadores del toque de queda, sin que ley alguna imponga la imaginaria multa en ese “Estado de Derecho”.

Para “ponerle la tapa al pomo”, después de haber desistido -las autoridades del país imaginario del relato- de la pésima idea inicial de implementar operativos militares “casa por casa” en la “lucha contra el COVID-19”, el Ministerio de Salud Pública, acompañado de policías y militares, decide intervenir varios sectores del gran Santo Domingo, supuestamente para identificar contagiados y practicar pruebas masivamente. Esa historia puede acabar muy mal, por varias razones: primero, porque la inviolabilidad del domicilio no ha sido objeto de limitación en la autorización del estado de excepción votada por el Congreso, de donde se infiere que ningún ciudadano está obligado a abrirle la puerta de su casa a reales -o supuestos- médicos y personal sanitario del Ministerio de Salud Pública;  segundo, porque los participantes de ese operativo de intervención -aún protegidos contra el contagio- estarán en contacto con miles de personas sospechosas de estar infectadas, y con esto podrían generar efectos totalmente opuestos a los realmente procurados, llevando consigo el contagio -a domicilio- a personas que han respetado la cuarentena; tercero, porque los números del gobierno no cuadran: después de dos meses de practicar pruebas a cuentagotas y no disponer de un plan de acción, cuando ya la gente anhela retomar su vida y aprender a convivir con el enemigo invisible, ahora -precisamente ahora- las autoridades se comportan con sospechosa proactividad al “intervenir” provincias enteras, como para justificar la extensión del período de excepción hasta una fecha peligrosamente cercana a la fecha fijada para la celebración de las ya pospuestas elecciones previstas para el 5 de julio de 2020.

Los dominicanos estamos cansados de que nuestros gobernantes nos pretendan tomar el pelo impunemente. Ya no creemos más en cuentos, ni de hadas ni de princesas.

 

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