En la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de Salud Pública, aparentemente existen unas mafias que llegan a acuerdos económicos con distribuidores que no tienen registro sanitario alguno, lo que permite que llegue a toda la población productos adulterados y con defectos de fabricación, que son potencialmente letales.
“Hay que tener ahora de verdad mucho cuidado con lo que se consume en tema de producción local porque no existen las garantías legales, ni sanitarias para que un ciudadano tenga la confianza de consumir un producto, lamentablemente, bajo la gestión actual de la Digemaps”, dijo a Nuria Investigación Periodística un técnico de la Digemaps.
Según un grupo de técnicos de la Digemaps, desde hace 2 años han visto que realizar su labor apegados a la ley y las normas les está resultando muy difícil. Lo que es muy grave ya que estos jóvenes trabajan para garantizar que esa bebida que usted se toma no le va a intoxicar, que una medicina que a usted le inyecten no le va a llevar a la muerte o que si la etiqueta dice que es alcohol, que no contenga otra cosa.
“Todo todo todo todo es un problema totalmente, es una situación muy difícil la que se está viviendo en Digemaps en estos momentos todo el mundo está nervioso todo el mundo está tenso cuando se pensó que quizá se iba a abrir una luz en el camino ha sido todo lo contrario”, reveló un técnico de la dirección.
Aseguran que desde la llegada de la directora Carolina Díaz Espinosa, a finales del 2018, están ocurriendo un sin número de incumplimientos que ya han sido denunciadas varias veces en la prensa, una de estas denuncias incluso hecha por el propio ministro de salud de ese entonces, Rafael Sánchez Cárdenas, en diciembre del 2018.
¨En una semana hemos retenido cerca de diez y catorce contenedores que no cuentan con los permisos sanitarios para ingresar a nuestro país. Y quiero ver cómo me pueden explicar las cartas con membretes del ministerio y con una firma sellada de la directora del DIGEMAPS, lo cual es un caso penal¨, dijo en ese momento Sánchez Cárdenas.
Mientras la Sociedad Dominicana de Anestesiología anunció que entre el martes 8 y domingo 13 de septiembre de este año se reportaron 28 casos de forma simultánea en diferentes centros médicos del país, de efectos adversos debido a una toxicidad del anestésico Bupivacaina Pesada, fabricado por el laboratorio dominicano Síntesis.
Gracias a este anuncio, se pudo evitar una mayor catástrofe, ya que este laboratorio tiene licencia y registro sanitario para proveer y producir medicinas para el Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE que suple de los mismos a todo el país.
“No es la primera vez que el establecimiento es visitado y notificado por Promese Cal en relación a no conformidad de productos relación en la calidad y seguridad del mismo”, confiesa uno de los técnicos.
Lo del Laboratorio Síntesis cuyo propietario es no es un caso aislado, también hubo otro escándalo en noviembre del año pasado con la industria Iglesias Chemical, cuyo propietario Miguel Ángel Iglesias Ventura, y ubicada en Santo Domingo Oeste.
Allí se realizó una redada contra una estructura delictiva, dedica a la producción y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas de manera clandestina. Los dueños fueron apresados y les fueron ocupados 400 galones de materia prima para fabricar alcohol, 80 tanques vacíos y más de 1,000 cajas vacías y etiquetas para distribuir alcohol adulterado.
“Esa persona optó por la habilitación de dicho establecimiento, él agotó, entre comillas, un debido proceso pero lo curioso es que esa persona solicitó o agotó dicho proceso todavía estando en un proceso de judicialización por parte del Ministerio Público a raíz del allanamiento”, explica el técnico.
También los técnicos denuncian que desde el estado de emergencia por la pandemia, hacerse de la vista gorda con los procesos está a la orden del día. Han estado entrando al país grandes cantidades de medicamentos sin registro sanitario con la excusa de suplir al país de fármacos para combatir el COVD, como por ejemplo el Remdesivir, que tenía permiso de entrada sinregistro, pero que continúa entrando en grandes cantidades sin ninguna restricción a través de importadoras como KYAN RED Supply, empresa suplidora del Estado que es de un conocido testaferro de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo.
Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud Pública con la directora de la Digemaps o con cualquier persona del ministerio que pudiese responder a estas denuncias de corrupción que ocurren en este órgano regulador tan importante para la seguridad alimentaria y médica de los dominicanos, pero nuevamente no conseguimos a un solo funcionario que respondiera por los desmanes que ocurren en el seno de nuestras instituciones gubernamentales.
FUENTE: N DIGITAL
