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lunes, junio 24, 2024

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Diputados plantean eliminar ayudas sociales y bloquear renovación de documentos para los no votantes

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Dentro del proyecto de ley de voto obligatorio que actualmente está siendo revisado en la Cámara de Diputados, se han sugerido varias sanciones como medidas disciplinarias para aquellos que opten por no ejercer su derecho al voto en las elecciones.

Los diputados Elías Baez, Aquilino Serrata, y Elías Wessin propusieron esta semana que el proyecto de ley incluya sanciones como la pérdida de beneficios sociales, la imposibilidad de renovar documentos, o incluso la restricción para acceder a cargos públicos para aquellos ciudadanos que opten por no participar en los procesos electorales.

Baez, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), argumentó que muchos ciudadanos no se presentan a votar a pesar de las demandas de mejoras en seguridad ciudadana o educación, lo que contribuye al aumento de la abstención en cada elección.

En la misma línea, Serrata, quien representa a Santo Domingo Oeste por la Fuerza del Pueblo, respaldó estas sanciones y sugirió que aquellos que no voten sean impedidos de renovar documentos básicos para disminuir la tasa de abstención.

Por su parte, Wessin sugirió que aquellos que no participen en las elecciones no sean considerados para cargos públicos, agregando que esta medida podría ayudar a evitar la consolidación de gobiernos impuestos y prevenir delitos electorales.

A pesar del apoyo generalizado al voto obligatorio entre los diputados consultados, se reconoce que cualquier cambio en este sentido requeriría una reforma constitucional, ya que la Constitución actual establece el voto como un derecho libre y voluntario.

El artículo 208 de la Constitución prohíbe específicamente la obligación de votar, lo que significa que cualquier iniciativa de voto obligatorio tendría que abordarse dentro del marco constitucional para garantizar la legitimidad y legalidad del proceso electoral.

Se espera que el proyecto de ley sobre el voto obligatorio sea discutido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y posiblemente sea remitido a la comisión permanente de la Junta Central Electoral (JCE) para su revisión.

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