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El contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, llegó a las puertas del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La empresa, que resultó adjudicada en un cuestionado proceso de Licitación Pública Nacional, solicitó a este tribunal una «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato que involucra una inversión de 1,317 millones de pesos.
La audiencia pública, que será presencial, fue fijada para el 5 de diciembre, a las dos de la tarde, en el salón 01 de la sala de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.
Fuente: Diario Libre
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