Los ministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, así como el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, y el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, expresaron su objeción al proyecto de ley que plantea devolver a los trabajadores hasta un 20% de los recursos del plan de capitalización, por considerar que la iniciativa crearía desajuste monetario, fiscal y económico y generaría gran inflación.
Para Donald Guerrero, la iniciativa impactaría en la tasa de cambio, en las variables macroeconómicas y disminuiría la calidad de vida.
También crearía un precedente funesto “porque dentro de 30 años podría pasar otra situación de emergencia y entonces el sistema de pensiones se destruiría”.
Explicó que la preocupación del gobierno no ha cesado buscando mecanismos de compensación para beneficiar a los más afectados por la situación económica que genera la pandemia del covid-19.
Los planteamientos fueron hechos durante una reunión virtual con la comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, que preside el senador José Rafael Vargas.
El proyecto de ley plantea agregar un acápite al artículo 59 de la Ley 87-01 para que los trabajadores puedan retirar hasta un 20% de los recursos que hayan aportado en el plan de capitalización del Sistema de Seguridad Social.
En el encuentro virtual, el superintendente de Pensiones explicó que los fondos acumulados ascienden a 569 mil millones de pesos, equivalentes al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y que el cien por ciento de ese monto está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda, instrumentos del Banco Central, organismos multilaterales y entidades de intermediación financiera.
Los funcionarios respondieron inquietudes de los senadores miembros de la comisión y de los proponentes de la iniciativa legislativa, los senadores Dionis Sanchez y Amarilis Santana.
Para la próxima reunión han sido convocadas la Asociación de Industrias de la República Dominicana (Aird), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y los representantes de las principales centrales sindicales.
La Cámara de Diputados dilucidó el miércoles el proyecto en medio de una accidentada sesión y lo envió a comisión.
