La reciente promulgación del decreto 420-23 por el presidente Luis Abinader ha encendido las alarmas entre los importadores y consumidores de vehículos en la República Dominicana. Este decreto impone restricciones severas a la importación de vehículos usados, especialmente aquellos que han sido clasificados como ‘Rebuilt’. Estos son vehículos que, aunque considerados como pérdida total en los Estados Unidos por razones menores, han sido reparados y se encuentran en condiciones aptas para circular nuevamente en los Estados Unidos.
Eduardo Sánchez Tolentino, más conocido como «El Piro» y presentador de Somos Pueblo TV, ha puesto en relieve cómo este decreto puede alterar significativamente el mercado automotriz del país. Al limitar la importación de estos vehículos asequibles, el decreto afecta no solo a quienes están directamente involucrados en la importación y venta de estos autos, sino también a una gran parte de la población que depende de ellos para su movilidad diaria.
En su programa, Tolentino conversó con Félix Pujols y Aramis Mella, director y presidente respectivamente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU). Mella expresó su preocupación, señalando que el decreto podría estar en conflicto con acuerdos internacionales como el GATT de 1994, comprometiendo a la República Dominicana a nivel internacional. Por su parte, Pujols criticó la medida por favorecer a los importadores de vehículos nuevos y por poner en desventaja a los de vehículos usados, quienes son una parte esencial de la economía automotriz nacional.
ASOCIVU ha respondido con acciones legales, buscando anular el decreto mediante medidas cautelares y recursos contenciosos administrativos. Argumentan que este no solo infringe leyes locales sino también compromisos internacionales, y están a la espera de que los tribunales respondan a su llamado por justicia.
El impacto de este decreto va más allá del sector automotriz, tocando las fibras de la economía doméstica y la accesibilidad al transporte en un país donde muchas personas dependen de vehículos asequibles para su día a día. La medida ha generado un amplio debate sobre la equidad, la legalidad y las prioridades del gobierno del PRM, resaltando la urgencia de reconsiderar o ajustar la legislación para proteger los intereses de los ciudadanos dominicanos.
