José Alejandro Vargas dice ha rechazado solicitudes de intercepción telefónica al procurador y Fiscalía

Santo Domingo. El juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, conocido popularmente como «Satanás» porque quema a cualquiera, expresó que a la hora de autorizar una intercepción telefónica el juez debe examinar “muy bien” el fundamento de la solicitud para aprobar dicha intervención.

Señaló que muchas veces solicitudes hechas por la Procuraduría o Fiscalía no están bien fundamentadas y ha tenido que devolverlas para que se corrija.

“Ahí está el procurador General de la República, cuántas interceptaciones telefónicas yo no le rechazo al procurador, de lavado de activo y a la Fiscalía y le digo no, corrijan esto, ellos lo corrigen entonces yo se la autorizo”, sostuvo el juez al ser entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Al ser cuestionado por el senador José Ignacio paliza sobre la información que publicara Listín Diario días atrás, de que casi 18 mil teléfonos son “pinchados” en el país, y cuál es el criterio que utilizan los jueces para las autorizaciones de intervención, Vargas abogó por el principio de objetividad del Ministerio Público para solicitar estos actos y  sus mecanismos de investigación.

Explicó que cada vez que se solicita la intervención de un teléfono es porque el Ministerio Público motiva las razones por las que se va a tomar la medida, y luego de examinarlas las autoriza.

“El juez no puede ser un obstáculo para que las autoridades investiguen y eso hay que entenderlo, si nosotros queremos seguridad también tenemos que sacrificarnos”, dijo.

José Alejandro Vargas expresó que en el país hay muchos teléfonos “maquitos” y ante el problema de transacción de narcotráfico o hechos delictivos “no se le puede cerrar las puertas a las autoridades para que hagan sus investigaciones”.

Dijo que un juez no puede partir del criterio de que el Ministerio Público tiene intenciones de «mala fe» a la hora de solicitar la autorización para intervenir un teléfono.

“Lo que se supone es que hay un principio de objetividad del funcionario que actúa, si se hizo de mala fe entonces debe tener un sistema de consecuencia”, explicó Vargas

Artículo publicado por Listín Diario, replicado por Somos Pueblo.