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sábado, julio 20, 2024

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José Miguel González Cuadra y José Ramón Peralta, inquilino y garante de «La Casita»; centro de acopio de dinero ilícito en Caso Calamar

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En el corazón de una sofisticada estructura de corrupción que ha desangrado al Estado Dominicano, se encuentra un modesto inmueble conocido como «La Casita». Situada en la calle La Ceiba, No. 102, esquina Helios, sector Bella Vista, Distrito Nacional, «La Casita» funcionaba como el epicentro de operaciones ilícitas y la distribución de dinero en efectivo que nutría a una red criminal incrustada en las altas esferas del gobierno. Esta es la historia de cómo operaba esta red, basada en la acusación del Ministerio Público.

El contrato de renta de «La Casita» fue formalizado por José Miguel González Cuadra, con José Ramón Peralta como fiador. Los empleados administrativos que trabajaban allí estaban oficialmente nombrados en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, lo que refleja el grado de infiltración y abuso de poder dentro de la estructura estatal.

La residencia conocida como «La Casita» no solo era un centro de reuniones donde José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero Ortiz definían estrategias criminales y políticas, sino también el principal centro de acopio de dinero en efectivo.

El Centro de Acopio y Distribución

Desde la oficina de Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, se distribuían vastas sumas de dinero en efectivo hacia dos destinos principales: «La Casita» y la oficina del propio Jiménez Collie. Bolívar Ventura Rodríguez, contratista del Estado, fue uno de los individuos clave en esta operación, entregando un total de 704,298,350 pesos a la estructura criminal. La distribución del dinero se hacía siguiendo las instrucciones precisas de los miembros de la red.

La Operación Triangulada de Pagos

Peralta Fernández utilizó su empresa Agrocomercial Import, S.R.L. para realizar los primeros pagos del alquiler de «La Casita». Mediante una transferencia inicial de 2,714,556.60 pesos, convertidos a 70,000 dólares, se pagó al propietario del inmueble, Roque Napoleón Muñoz Benedicto. Esta operación, y la posterior renovación del contrato en 2013 por 7,000 dólares mensuales, se llevaron a cabo bajo una fachada de legalidad, pero con el trasfondo de actividades ilícitas.

Reuniones y Actividades Ilegales

«La Casita» albergó reuniones cruciales para la estructura criminal. José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, junto con otros acusados, supervisaban la recepción y distribución del dinero. En tres entregas específicas detalladas en la acusación, Peralta Fernández y Guerrero Ortiz estuvieron presentes, coordinando las operaciones financieras ilegales. Kenida Ogando, recepcionista contratada por Peralta Fernández, recibía su salario del Ministerio Administrativo de la Presidencia, subrayando el uso de recursos públicos para actividades ilícitas.

Joao Santana, Mónica Moura y «La Casita»

Empresas vinculadas a los asesores políticos brasileños João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Moura, como Polis Caribe, S.R.L., y Cine & Art 2013, S.R.L., también operaron desde «La Casita». Estas empresas fueron beneficiadas con contratos otorgados durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y jugaron un papel en las campañas políticas financiadas con dinero ilícito.

Directrices Presidenciales y Financiación de Campañas

En octubre de 2019, el entonces presidente Danilo Medina Sánchez instruyó a sus funcionarios a recaudar fondos para las campañas del PLD en 2020. José Ramón Peralta, siguiendo estas instrucciones, utilizó «La Casita» como base para la recolección de dinero destinado a financiar campañas políticas mediante actividades ilícitas. Esta infraestructura criminal no solo saqueó los fondos del Estado, sino que también desvió esos recursos para influir en procesos electorales.

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