SANTO DOMINGO.- Después de escuchar a objetantes y defensores en una audiencia de siete horas, el juez Alejandro Vargas expresó este lunes que emitirá una decisión concluyente por la objeción de los archivos definitivos del caso Odebrecht el próximo jueves 14 de enero a las 5:00 de la tarde en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional.
Vargas concluyó con esta promesa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoció la objeción a los archivos definitivos en favor de siete implicados en el caso de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios y legisladores, y que ascendía los $92 millones de dólares.
Toda la audiencia de este lunes estuvo matizada por los enfrentamientos entre la Fundación Alianza Ciudadana -quien objetó los archivos- y los abogados defensores quienes discutían sobre la posible legalidad o ilegitimidad en la que habría incurrido el Ministerio Público cuando, con Jean Alain Rodríguez a la cabeza, ordenó archivar definitivamente siete expedientes por considerar que los mismos no representaban indicios de criminalidad o manejo de sobornos.
La Fundación Alianza Ciudadana, quien en todo momento tuvo como representante a la abogada Evelyn Torres, alegó que los archivos definitivos fueron firmados de manera discreta y que no fue hasta el pasado 4 de octubre cuando la ciudadanía se enteró que los encartados habían sido favorecidos con este recurso porque, como confirmó, la información que había trascendido expresaba que los implicados tenían archivo provisional.
Como dijo la jurista Torres, fue Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien reveló a la prensa que los archivos son definitivos, que fueron firmados por Narciso Escaño y Jean Alain Rodríguez y que, dentro de una investigación inicial, los mismos presentaban supuestas irregularidades que debían ser indagadas.
Otra de las falencias que reveló Torres durante su ponencia fue la falta de presentación de estos archivos por ante un juez de instrucción que validara las documentaciones y procediera a homologar los archivos.
“¿Bajo cuáles diligencias dispuso el Ministerio Público que esos son archivos definitivos?, porque nadie lo sabe ya que todo se hizo a escondidas”, se lamentó la abogada.
Respuesta de los abogados defensores
Ante estas acusaciones, todos los abogados de los siete implicados en la objeción coincidieron en que el único alegato sustentable de la Fundación Alianza Ciudadana está basado en la falta de publicidad de los archivos definitivos cuando fueron dictados.
Consideraron que este aspecto no comprende ninguna ilegalidad porque, según expresaron, el Ministerio Público no está obligado a publicar en los medios de comunicación todas sus acciones.
En cuanto a la presunta ilegalidad por no presentar los archivos definitivos ante un juez de instrucción, el abogado Manuel Ulises Bonelly, defensor de Máximo D’Oleo explicó que “el Ministerio Público no tiene que pedirle permiso a un juez para archivar expedientes “.
En ese sentido también se expresó el abogado de Julio César Valentín quien añadió que los juristas de Alianza Ciudadana no presentaron “ninguna prueba seria” sobre el fondo de los archivos definitivos y agregó que durante toda la audiencia “sólo se han enfocado en dos aspectos: publicidad de los archivos y presentación ante un juez”.
El defensor de Valentín manifestó que para revocar o modificar los archivos definitivos, el juez debe contemplar cualidades más jurídicas sobre el fondo de cómo se hicieron los archivos y bajo cuáles alegatos.
Ministerio Público pide que se cambien de archivos definitivos a provisionales
Las abogadas que representan al Ministerio Público solicitaron este lunes al juez Alejandro Vargas que los archivos definitivos en favor de siete implicados en el caso Odebrecht sean convertidos en archivos provisionales.
Las abogadas realizaron este pedimento durante el conocimiento de la objeción que interpuso la Fundación Alianza Ciudadana en contra de los archivos definitivos por considerarlos ilegales e irregulares y, en su solicitud, agregaron que el recurso de archivo provisional firmado en el 2018 no tiene irregularidades por lo que los siete encartados deben permanecer con este recurso y no con el archivo definitivo.
En su ponencia, el Ministerio Público argumentó que una vez Míriam Germán Brito asumió funciones como procuradora de la República, advirtió sobre supuestas falencias en los archivos definitivos y ordenó una investigación a estas documentaciones que aún sigue en fase indagatoria desde la sede de la Procuraduría General de la República.
Supuesta ilegalidad de Alianza Ciudadana para objetar archivos definitivos
Los abogados han basado sus argumentos en las presuntas nulas certificaciones de Alianza Ciudadana que, según alegan, no existen en ninguna institución que pueda avalar la constancia de la Fundación.
En especifico, la defensa de Radhamés Segura, uno de los señalados en el caso, expresó que “el objetivo de la Fundación es sólo defenderse” porque, según afirmó, recientemente depositaron ante el Tribunal certificaciones a nombre de la Fundación Alianza Ciudadana para la defensa de los derechos humanos, cuando la que había objetado los archivos definitivos era Fundación Alianza Ciudadana Incorporada.
