Los gastos de 60 millones de pesos en pago una empresa por servicios de fumigación en la Junta Central Electoral (JCE), así como la construcción de un restaurante para los empleados que costó 40 millones de pesos son algunos de los desembolsos por los que el dirigente político Guido Gómez Mazara ha pedido investigar la gestión que presidió Roberto Rosario Márquez.

“Entre los documentos no oficiales que tengo,  es  alarmante que haya acuses de cheques retirados por un mismo ciudadano de dos empresas no relacionadas entre sí, que ofertaban servicios diferentes.

Además hay compra de canastas navideñas a compañías que sólo eran suplidoras de la Junta, un caso muy extraño”, indicó Gómez.

Según el abogado, quien dice tener los datos oficiosos de la administración de Rosario, en los manejos financieros y administrativos “existen gastos extraños”, ligados a una red de empresas y contratistas que deben ser transparentados.

“El caso de la JCE, se trata de una reiteración de ciudadanos que los colocan al frente de las instituciones y hacen y deshacen con los fondos del Estado. ¿Cómo es posible que la compañía que tiene el tema de los escáneres que se usaron para las pasadas elecciones, todavía esté cobrando a la JCE 600 mil dólares, por los servicios de unos, cuando los escáneres fueron pieza de escándalo nacional por los inconvenientes que presentaron?”, cuestionó Guido.

Más gastos “sospechosos”

Del mismo modo, el político señala no encontrar respuestas ante el gasto “de cinco millones de pesos al mes” a una fumigadora en las instalaciones de la Junta.

“¿Pero dónde era que se fumigaba?, porque no puede ser que para alejar mosquitos e insectos de la Junta se haga un gasto por servicios de ese tamaño”, deploró el perredeísta disidente de la dirección que encabeza Miguel Vargas Maldonado.

La petición de investigación hecha por Guido Gómez al nuevo presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, fue depositada el pasado 28 de noviembre bajo la Ley de 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, y el plazo de entrega de los documentos vence el próximo lunes.

En el requerimiento Gómez Mazara cita “los extraños procedimientos” para seleccionar a los ganadores del concurso de chalecos al personal que trabajó en las elecciones de mayo pasado, “especialmente en el caso de una empresa que se le planteó no participar en la licitación que, ganada en buena lid por esa compañía, se sometió a un proceso de acoso y hostilidad sin precedentes”, detalla.

La permanencia de 10 años de Rosario Márquez en la JCE, según Gómez Mazara, derivó en un despotismo administrativo.

“En los mecanismos de construir las juntas municipales, de antemano el presidente se garantizaba una mayoría, porque sin estar en el proceso de elección,  la mayoría de los empleados que determinaban las acciones municipales respondían a él, y entre ellos estaban el jefe de inspección,  el director de juntas municipales, el jefe de personal”, señala.