Somos Pueblo | Dilenia Sánchez, madre de la joven Nikaury Antuna Sánchez, ultimada el 8 de febrero de 2015, denunció de manera enérgica la situación de impunidad y presunto amiguismo que rodea el proceso judicial de su hija en los tribunales de Higüey, luego de que un tribunal de reenvío ordenara el cese de toda acusación penal en contra del imputado Joan Antonio Santana, quien ya había sido condenado a 20 años de prisión en dos juicios anteriores.
La denunciante explicó que, desde el inicio del proceso hace más de una década, la familia tuvo que batallar contra la inacción del Ministerio Público, institución que originalmente calificó el hecho de forma débil, permitiendo que el acusado saliera libre bajo una fianza de 50 mil pesos a los diez días, y posteriormente solicitó el archivo del expediente tras alegarse una presunta simulación de suicidio. Ante esta postura, la familia constituyó una acusación privada con la que demostraron la culpabilidad de Santana, logrando una condena inicial de 20 años de cárcel.
El caso ha agotado un extenso y accidentado periplo judicial que incluye apelaciones en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís y dos recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Aunque en un segundo juicio de fondo Santana volvió a ser sentenciado a 20 años, se le permitió permanecer en libertad. Tras una nueva orden de reenvío por parte de la SCJ, el tercer juicio estaba pautado para el pasado 8 de mayo de 2026; sin embargo, la defensa incidentó el proceso solicitando la exclusión de la acción penal bajo el argumento de que el Ministerio Público no podía accionar debido a su dictamen de archivo original.
La madre de la víctima denunció con profunda indignación que los jueces Carlos Martínez Peña, María Charles Castillo y María del Carmen García fallaron a favor del imputado, dictaminando el cese de la persecución penal de manera drástica. Sánchez criticó que la decisión se tomara sin dar inicio formal al debate, sin escuchar a los testigos y sin evaluar el acervo probatorio, desoyendo el mandato expreso de la Suprema Corte de Justicia que ordenaba juzgar el fondo del caso. Ante lo ocurrido, la familia hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República para que intervenga de forma inmediata, reabra el expediente y garantice que el crimen de la joven no quede en la impunidad.
