SANTO DOMINGO.- Alexis Medina, el magistrado Fernando Quezada; el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Regis Victorio Reyes; el procurador fiscal Carlos Calcagno Domínguez al ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, Jorge Luis Lorenzo Paulino, Eliezer Pérez Díaz, Avis Altagracia Soto Mercedes y otras personas están acusadas de apropiarse de un apartamento en Malecón Center, supuestamente propiedad de Rafael Martínez, un dominicano arrestado por hacerse pasar por embajador de Liberia, acusado de estafa y tráfico de personas.
Según los acusadores, actores judiciales actuaron para beneficiar a Medina en un supuesto plan para apropiarse de su apartamento y unirlo al penthouse que, aseguran, tiene el expelotero Sammy Sosa en esa torre.
El magistrado Quezada dijo que fue él quien ordenó la investigación contra Martínez porque se tenía información que lo vinculaba a la trata de personas.
«Entendimos nosotros que lo que procedía era la apertura de una investigación, y eso hicimos», explicó que el proceso se le asignó al magistrado Regis Victorio Reyes para que se encargara y realizara las diligencias que requiriera el caso, pero que él salió de la Dirección de Persecución antes que concluyera por lo que no tuvo acceso siquiera al informe.
Explicó que «el día 23 de octubre fue que le ejecutaron una orden de arresto a ese señor, no sé si le hicieron un allanamiento también, pero sé que le ocuparon varios pasaportes».
Sobre la acusación que indica que este habría actuado para beneficiar al hermano del expresidente, Quezada aseguró «no tengo el honor de conocer al señor Medina y de esa investigación solamente manejé información conjuntamente con el magistrado Reyes que fue a quien yo comisioné (…) es decir que yo no tenía informaciones de manera directa».
Quezada confirmó también a este medio que «el apartamento en cuestión no fue ni siquiera incautado o secuestrado por el Ministerio Público. En él reside su propietario actual, Ezequiel Pérez (Hermano de Rubby Pérez).Te reitero que el Ministerio Público no ha hecho ninguna actuación que esté fuera de sus prerrogativas constitucionales y legales», dijo a este medio.
En este sentido consideró que este proceso puede ser «buscando sonido, aprovechando algún momento coyuntural mediático».
Dijo que «esa investigación hasta donde tengo entendido ni siquiera ha concluido» y que el ciudadano está sujeto a medida de coerción porque se encontraron elementos que lo vinculaban a actividades ilícitas.
«Yo pago mi renta del apartamento donde vivo con toda tranquilidad, y nunca en la vida me va a pasar por la mente buscar algún tipo de ventaja o prebenda porque yo vivo de lo que me paga el estado por mi trabajo», concluyó.
FUENTE: NOTICIAS SIN
