El nuevo Código Penal, aprobado por el Senado de la República en primera lectura y sin ser leído, establece que las infracciones contra el patrimonio público no podrán ser perseguidas después de un plazo de 20 años.
Esta disposición se encuentra en el artículo 328 del proyecto, que ha sido enviado a una comisión para su estudio.
«Artículo 328.- Prescriptibilidad. Las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de veinte años, computados en los términos del Código Procesal Penal», señala el documento.
Asimismo, el proyecto estipula que cualquier funcionario o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, obstaculice o impida el cumplimiento de una ley o sentencia será sancionado con «15 días a un año de prisión menor y una multa de nueve a quince veces el salario que perciba al momento de la comisión de la infracción». Si no se puede precisar el salario, la multa será de cuatro a diez veces el salario que perciba.
