El director de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que investigarán cualquier hecho que pueda constituir un ilícito penal y de corrupción, del que sean alertados por cualquier vía.
“Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía que pueda constituir un ilícito penal, en este caso un ilícito de corrupción”, explicó Camacho.
De esa forma respondió a la pregunta de si investigarán el entramado de corrupción que operaba en las distribuidoras de electricidad (EDES) en el gobierno de Danilo Medina, como denunció en el Desayuno de Listín Diario el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.
Según Almonte, en las edes «un pulpo de dos cabezas» dominaba todas las licitaciones.
Se recuerda que en el pasado mes, la organización Sed de Justicia, dirigió a la Procuradora Miriam Germán Brito, una denuncia penal por corrupción administrativa, asociación de malhechores, prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencia contra el hermano de la ex primera dama Candida Montilla de Medina y funcionarios de Edenorte.
La organización los acusa de haberse asociado con terceros para obtener ventajas económicas para sí, y sus relacionados, mediante el uso de testaferros, compañías de carpeta, manipulación de licitaciones para dar ventajas a sus relacionados, con adjudicación de contratos fraudulentos, por un monto de RD$6,052,497,943.30 (seis mil cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil cuarenta y tres con 30 centavos).
Los acusados son el ex gerente general de Edenorte, Julio César Correa, Maxi Montilla Sierra, hermano de Candida Montilla de Medina, el gerente de compras de Edenorte Alejandro Toribio, los funcionarios; Benjamin Marte, Edwin Kenichi y Mukai Díaz, el asistente del administrador y presidente del comité de compras Luis Mieses.
También Joel Molina Reyes, ex director de Pérdidas, y Ranery Collado, encargado de Control de Calidad.
Montilla Sierra es señalado de haberse valido de su condición de cuñado del entonces presidente Danilo Medina Sánchez y hermano de la Primer dama Cándida Montilla de Medina para hacerse de 48 contratos de suministro de materiales eléctricos y proyectos de rehabilitación de redes, usando como pantalla varia empresas inexistentes al 16 de agosto de 2012.
Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser preguntado por periodistas mientras participaba de las elecciones de los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.
