El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, mantuvo que es inocente de lo que se le imputa en el caso Calamar, alegando que no hay prueba física que lo vincule a las acusaciones que pesan sobre él.
Peralta, durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de los implicados, frente a la jueza Kenya Romero, describió a delatores del caso Calamar como personas de “moral dudosa”.
“No sé por qué estoy aquí, no lo entiendo y no lo comprendo. Porque no hay un solo documento, una carta, una circular, una foto, una grabación, un video, nada. Solo las declaraciones de dos mitómanos, cobardes, de dudosa reputación, de moral cuestionable y aquí, también nos hemos enterados, con antecedentes que han pasado por la justicia”, dijo Peralta.
De igual forma le aseguró a la jueza que se presentará donde sea para responder las alegaciones en su contra y limpiar su nombre.
“En este proceso estaré dispuesto a comparecer donde se me indique, cuando se me indique, en el momento que se me indique para cualquier requerimiento que diga la justicia, pero sobretodo soy el más interesado en demostrar mi inocencia”, manifestó.
Además de Peralta, los implicados en el caso son los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, así como del abogado Ángel Lockward.
También está el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Similarmente Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
¿De qué se le acusa a Peralta?
Tanto Peralta como Guerrero son señalados como las cabecillas de una supuesta estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.
Según el órgano persecutor ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.
Por igual se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política de Castillo, quien se postuló a la presidencia por el PLD en 2020.
FUENTE: LISTÍN DIARIO
