El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, afirmó este jueves que cualquier amenaza o promesa sobre empleos durante la campaña electoral es un ilícito penal en materia electoral.
De acuerdo con un comunicado de prensa del órgano electoral, Castaños Guzmán detalló que dicha acción está reglamentada como ilícito penal en el numeral 19 del artículo 284 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
Además, dijo que la Junta Central Electoral repudia que cualquier persona utilice como tema de campaña electoral el amenazar o prometer empleos.
El numeral 19 de dicha ley establece lo siguiente: «Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral».
“Usted no puede estar prometiendo empleos ni diciendo que va a quitar personas ni sustituirlas porque es eso un asunto que ya está reglamentado y está en favor de la dignidad de las personas”, explicó.
Castaños Guzmán explicó que esta acción se encuentra reglamentada como un ilícito penal en artículo 284 de la Ley 15-19 con prisión correccional de seis meses a dos años y multa de dos a 10 salarios mínimos del sector público, específicamente en el numeral 19.
“Todo el mundo tiene derecho a un empleo en el sector público o privado y sacar el punto de los empleados públicos que tienen cargo en el Estado dominicano y convertirlo en tema de debate electoral, aparte de ser una situación de mal gusto y que atenta con la dignidad y la permanencia en los empleos, no solamente de empleados públicos, sino también de los empleados privados, no es un tema ni puede ser un tema de campaña ni de ofertas, de promociones y muchos menos de amenazas, de permanencia o no en el cargo”, apuntó.
