Investigación periodística a la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) por denuncias de comunidades Loma Diego de Ocampo evidencia irregularidades.
La investigación, la cual se ha extendido a varias instituciones ecológicas de la región del Cibao, y que iniciamos con SOECI, busca conocer el manejo de subvenciones del erario entregados a dicha sociedad y su gestión de Co-manejo en el área protegida Diego de Ocampo y se basa en información obtenida a través de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso de Información Pública y otras fuentes.
A más de 100 días de solicitada la información, la SOECI ha suministrado información incompleta sobresaliendo el hecho de no informar sobre sus funciones en la Loma Diego de Ocampo. simultáneamente, información fue solicitada al Viceministerio de Áreas Protegidas, en la persona del Ing. Federico Franco, sin que tampoco se haya recibido. El viceministerio funge como presidente del Consejo de Co-manejo del área protegida.
Fuentes internas del Viceministerio de Áreas Protegidas, quienes pidieron reservas de sus nombres, informaron no han podido dar respuesta, ya que no existe documentación disponible que verifique que la SOECI ha cumplido lo asumido en los acuerdos de Co-manejo, lo que de manera automática les permite ganar el beneficio de la duda.
Añaden, la gravedad de los hechos ha estado a la vista de todos, más de quince años de incumpliendo recurrentemente, no se explica una entidad cuestionada, no se supervisara o investigara, lo cual era responsabilidad de las anteriores autoridades, específicamente sobre Danerys Santana y José Enrique Báez, ex Viceministro de Áreas Protegidas y ex Director de Áreas Protegidas respectivamente, quienes de manera extraña, no obviaron pedir a la SOECI que reportaran a sus superiores, garantizando su permanencia en el área y beneficios.
La institución ecológica ha recibido subvenciones del erario por más RD$26 millones de pesos a través del Ministerio de Medio Ambiente. Fondos destinados a sus labores ambientales en el área protegida Monumento Natural Pico Diego de Ocampo.
La primera interrogante sobresaliente refiere al uso de los fondos públicos recibidos para presuntamente pagar segundas remuneraciones a empleados públicos supuestamente asignados y miembros de la entidad.
Tales son los casos del sector Luis de Jesús Martínez Polanco (alias Luis Polanco), Técnico | de Carrera Administrativa de la Dirección Regional Agropecuaria Norte-MA Sub Zona Altamira en el Ministerio de Agricultura, el mismo devenga un sueldo de RD$ 50,000.00 y adicionalmente la SOECI le entrega otros de RD$ 18,500.00 mensuales.
Señor Lidio Núñez Rodríguez, Administrador del Área Protegida Diego de Ocampo del Departamento Provincial de Santiago en el Ministerio de Medio Ambiente, el mismo devenga un sueldo de RD$ 35,000.00 y adicionalmente ha tenido RD$ 9,000.00 mensuales con la SOECI y honorarios por talleres y cursos por RD$ 354,000.00.
Señor Eduardo Rodriguez, exdirector provincial de la Sub-Gerencia Santiago en el Ministerio de Medio Ambiente y antes empleado del Ministerio de Agricultura, presuntamente devengó un adicionalmente de la SOECI unos RD$ 15,000.00 al desempeñar posición ejecutiva, datos últimos suministrados por miembros de la misma entidad que pidieron reservas de sus nombres y no confirmados por nuestro equipo aún.
Se ha comprobado no existe acuerdo valido donde los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura acordaran con la SOECI la asignación de dichas personas a la entidad como tampoco el pago de remuneración adicional.
Maniobra que trasciende mas allá de un simple incentivo a una persona, podría ser una acción utilizada para desvío de fondos públicos hacia empleados gubernamentales preferenciales o distraer recursos hacia terceros, no decimos este sea el caso, corresponde a las autoridades hacer la investigación.
Los fondos pagados por la SOECI a sus miembros provienen del erario, lo cual está prohibido y penado por la Ley No. 41-08 de Función Publica. En consulta a la Licda. Carolina Torrens, Viceministra de Función Publica indico, todos los empleados gubernamentales están sujetos al régimen de ética y disciplinario establecido en el artículo 48 de la ley.
Los funcionarios públicos no pueden percibir ninguna remuneración con cargo al erario, distinta a la propia de su puesto de trabajo. La sanción a este tipo de maniobras conlleva la desvinculación del cargo por comisión de falta de tercer grado y la inhabilitación del servidor para volver a trabajar en el Estado por 5 años.
Hemos tratado de obtener la información completa de la gestión de la SOECI en Loma Diego de Ocampo y los RD$ 26 millones, de lo cual poco se sabe, sin embargo, si sabemos según el MEPyD, han solicitado más de RD$ 113 millones.
Los campesinos y habitantes de las comunidades de la Loma Diego de Ocampo lo venían diciendo desde hace mucho tiempo atrás, desde que debieran enfrentar un desalojo encausado por la SOECI en el afio 1996, los enfrentaron y pudieron impedirlo en el año 2004, una lucha que les costó ocho (8) anos.
El presidente Luis Abinader, exige transparencia y enfrentar la corrupción, consta el Ministro Orlando Jorge Mera y su Viceministro Federico Franco son probos, bien intencionados y quieren actuar correctamente en sus funciones para ser recordados.
¿Continuara el ministerio de Medio Ambiente entregando !a subvención de RD$ 166,666.66 mensuales a personas en falta? ¿Permitirá el Ministerio de Agricultura su empleado participen de maniobras como las que hemos detallado?
¿Sera esta vez llamada a capitulo la presidente de la SOECT, Sra. Mayelin Consuegra, a rendir cuentas sobre denuncias de una práctica ilegal de muchos años y que ella ha continuado como varios de sus predecesores?
Esperemos ahora los Ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y de Administración Publica agarren al gato para que la Direccion General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) le ponga el cascabel.
Dichos criterios surgen de los análisis realizados por personal técnico calificado a informes suministrados por la entidad ecológica, como parte de un proceso de investigación seguido a varias entidades ecológicas del país.
Por Lic. Leonardo Tavares, Abogado y Comunicador. Director de www.elcorreord.com
