Suspenden compra de libros digitales por más de RD$2,500 millones del MINERD; Somos Pueblo denunció que los «libros» eran en formato PDF

La Dirección General de Contrataciones anunció la suspensión de un contrato que había suscrito el Ministerio de Educación con distintas editoras para la adquisición de libros digitales diseñados para el nivel secundario de cara al año escolar 2022-2023.

Se recuerda que Somos Pueblo denunció que cuando el MINERD publicó el 21 de abril del año 2022 la convocatoria del proceso de excepción por exclusividad Minerd-CCC-PEEX-2022-0003, para la compra de los libros de texto del nivel secundario para el año escolar 2022-2023 en versión digital, en los términos de referencia les exigió a los ofertantes interesados «libros digitales» que consistían en una aplicación que contiene un conjunto de recursos de aprendiazaje para una asignatura, el cual, no es un libro digitalizado ni un ebook, sino una aplicación con el contenido del libro enriquecido con vínculos relacionados a los temas curriculares». Sin embargo, luego el MINERD cambió las especificaciones técnicas y en contra de su propios requisitos, estableció que los libros debían ser entregados en formato PDF.

Somos Pueblo también denunció que a pesar de que los libros ofertados al MINERD deben tener una vigencia de 4 años según una resolución de la institución, hubo ofertantes que licitaron con precios para solo un año.

La licitación fue de RD$2,538,623,158.39, de los cuales se adjudicaron RD$1,867,509,274 a 16 lotes.

Las editoras ganadoras de lotes de esta licitación se criticaron mutuamente, señalando irregularidades como errores en las fechas de los contratos, incoherencias en la adjudicación de lotes a la propuestas más caras y ofertas con precios para libros con vigencia de un año en vez de cuatro.

“Hacemos de su conocimiento que esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer: una solicitud de variación de la medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de 30 días”, precisó Laritza Montero, directora interina de Investigaciones y Reclamos de la DGCP.