El Gobierno venezolano anunció este lunes que se reserva el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, que fue incautado en la República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones impuestas a Venezuela.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó la acción como una «práctica criminal» de Estados Unidos, alegando que se justifica en las numerosas sanciones impuestas a altos funcionarios chavistas en los últimos años. En un comunicado, Venezuela señaló que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño causado a la nación, y condenó la confiscación del avión como un acto de «piratería».
Según las autoridades estadounidenses, la aeronave en cuestión, un Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, fue transferida a Florida tras ser «comprada ilegalmente». Washington sostiene que el avión pertenece a Maduro y a personas afiliadas a él en Venezuela, y que era operado en su nombre.
El comunicado venezolano también denunció que «ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional», acusando a Estados Unidos de utilizar su poder económico y militar para amedrentar a otros países, como la República Dominicana, y forzarlos a ser cómplices de lo que califican como actos delictivos.
