La comisión que designó el Poder Ejecutivo para investigar el caso del Consejo Estatal del Azúcar en San Pedro de Macorís, donde resultaron muertas tres personas y otra gravemente herida, presentó el informe final este miércoles donde culpabilizan directamente a esa entidad estatal de ser la responsable del crimen del pasado 14 de febrero.
“Lo que sí puede decir es que el señor José Rodríguez fue víctima de un sistema disfuncional, nada transparente y seriamente cuestionable desde el punto de vista ético que opera en el CEA, causándole una enorme frustración, angustia y desesperación, lo que, a su vez, lo llevó al punto que lamentablemente desencadenó los hechos trágicos que causaron las muertes de los señores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, así como su propia muerte y las heridas graves a la señora Dayana García”, precisa el informe.
En un documento de 23 páginas explican cronológicamente cómo sucedieron los hechos y por qué el señor José Ramírez terminó matando dos periodistas,hiriendo a una secretaria y luego suicidándose cuando estaba acorralado por agentes de la policía.
A juicio de la investigación, el crimen perpetrado por Rodríguez se debió a la frustración que debió sentir porque después de dos años de negociación con el CEA y entregada la suma total de RD$627,739 por la compra de terrenos en San Pedro de Macorís, la entidad estatal maniobró para renegociar el suelo pactado y cuando el agraviado reclamó la devolución de su dinero, solo le entregaron RD$119,000.
El día del crimen en la emisora provincial Rodríguez fue en busca del efectivo faltante y al no tener respuesta satisfactoria del peridoista Leo Martínez, quien sirvió como mediador entre él y el CEA, el hombre armado se llenó de ira y abrió fuego contra las tres personas que estaban en la planta radial.
De acuerdo a Flavio Dario Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y presidente de dicha comisión, las recomendaciones inician con el cambio absoluto de la gerencia del CEA -que ya había sido efectuado-, hacer lo propio con el director regional del Este, además de intervenir los departamentos que estén directamente relacionados con la venta de terrenos a terceros.
Piden nuevos directores para Boca Chica y Hato Nuevo, así como evaluar el personal administrativo para saber si cuentan con las competencias requeridas y determinar si proceden sus cancelaciones.
De igual forma exigen una depuración interna de todo el personal que no realice ninguna función de utilidad comprobable.
También instan a que se le asigne un presupuesto al CEA para que sus ingresos no dependan únicamente de la venta de terrenos y, con esto, evitar de algún modo más acciones corruptas.
Otorgan seis meses a la comisión evaluadora de los terrenos del CEA para completar el inventario de suelo en proceso comercial.
Una de las recomendaciones más trascendentales es la remisión del informe al Ministerio Público para que éste determine si en este caso, o los que detallan en la investigación, procede el sometimiento de algún funcionario del CEA al que se le hayan comprobado inmoralidades en el ejercicio de sus funciones públicas.
