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viernes, junio 14, 2024

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Propiedades Incautadas a la Diputada Rosa Amalia Pilarte tras su Condena

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En una decisión trascendental, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia condenó este martes a la diputada Rosa Amalia Pilarte a cinco años de prisión por su participación en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Además de la sentencia, el tribunal dispuso el decomiso de varios bienes inmuebles adquiridos de manera ilícita.

Entre las propiedades confiscadas en beneficio del Estado dominicano se encuentran trece inmuebles ubicados en la provincia de La Vega. Estos bienes decomisados son los siguientes:

  • Una porción de terreno de 3,087.41 metros cuadrados en la comunidad de Quema, entrada a la Represa, Manga Larga, La Vega.
  • Un inmueble de 728.11 metros cuadrados, identificado como 313295647592.
  • Un inmueble de 811.45 metros cuadrados, identificado como 313295645621.
  • Un inmueble de 682.50 metros cuadrados, identificado como 1331332B13295652420.
  • Un inmueble de 1,492.42 metros cuadrados, identificado como 313295645289.
  • Una parcela de 28,273 metros cuadrados en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, La Vega.
  • Un local comercial de 31.55 metros cuadrados en la parcela número 41-C del Distrito Catastral número 5 del municipio de La Vega.
  • Un inmueble de 46.86 metros cuadrados en el condominio edificio Josiris Santos I, La Vega.
  • Un inmueble de 1,728.69 metros cuadrados en el municipio de Jarabacoa, identificado como 312166208949.
  • Una porción de terreno de 15,251.20 metros cuadrados en la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio de La Vega.
  • Una porción de terreno de 11,314 metros cuadrados en la parcela número 23 del Distrito Catastral número 25 del municipio de La Vega.
  • Un local comercial de 19.04 metros cuadrados en el solar 1 refundido manzana 33 del Distrito Catastral número 01 La Vega.
  • Un inmueble de 628,863.50 metros cuadrados en la parcela número 108 porción G1 del Distrito Catastral número 5 del municipio de Jarabacoa.

Este fallo judicial y la incautación de los bienes representan un avance significativo en la lucha contra el lavado de activos en la República Dominicana.

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